El nombre de Guaros de Lara, emblema deportivo de la región y orgullo del baloncesto venezolano, vuelve a sonar, esta vez no por sus logros en la cancha, sino por el entramado judicial que envuelve a su propietario, Jorge Alberto Hernández Fernández.
Apenas unos días después de que se hiciera pública una denuncia por presuntos manejos económicos irregulares vinculados a uno de sus hermanos, el caso ha tomado una nueva dimensión con la publicación de un documento oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que se solicita formalmente al Reino de España la extradición activa de Jorge Hernández, quien se encuentra fuera del país desde marzo de 2024.
La solicitud, emitida el pasado 3 de diciembre, responde a una orden de aprehensión dictada por el Ministerio Público por los delitos de uso de falsificación o alteración de documento privado y suposición de valimiento, en el marco de una investigación que involucra documentos financieros presuntamente falsificados y demandas civiles contra la empresa portuguesa Teixeira Duarte Engenharia e Construções S.A.
Uno de los elementos más llamativos del expediente judicial es la aparición, años después de los hechos originales, de deudas y garantías financieras sorpresivas en favor de Hernández Fernández y de la empresa Columbus Sport 99 C.A., vinculada directamente al equipo Guaros de Lara. Entre ellas destaca un reconocimiento de deudas, presuntamente firmado por el ciudadano Luis Pedro Santiago Dos Santos Alves, en representación de Teixeira Duarte, en virtud de un sedicente patrocinio al equipo de baloncesto Guaros de Lara, fechado el 3 de mayo de 2017.
Este documento, junto a otros compromisos financieros cuestionados por la parte denunciante, forma parte del cuerpo probatorio que sustenta la solicitud de extradición. La justicia venezolana ha asumido el compromiso de garantizar los derechos constitucionales del empresario en caso de ser trasladado al país, en cumplimiento del Tratado de Extradición suscrito entre Venezuela y España en 1989.
Aunque INTERPOL notificó la captura de Hernández en territorio español el pasado 26 de noviembre, no se ha confirmado oficialmente las condiciones de su estatus judicial. La decisión sobre la extradición queda ahora en manos de las autoridades españolas, quienes deberán evaluar la solicitud en el marco de los convenios internacionales vigentes.
Este giro judicial no solo reactiva el debate sobre la transparencia en el manejo del equipo de baloncesto, sino que también pone en tensión la imagen de una organización que fue símbolo de excelencia y orgullo regional. El caso Guaros de Lara ya no se limita a rumores o denuncias aisladas: ahora se inscribe en un proceso formal de extradición internacional, con implicaciones legales, diplomáticas y mediáticas.
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