Por Luis Alonzo Paz | CNP 10.760
En la sociología del deporte profesional y no profesional global existe una máxima no escrita —pero celosamente resguardada— que prohíbe dirimir las faltas y disputas en los estrados civiles. Los estatutos de las grandes federaciones del orbe velan por la autonomía institucional de sus ligas. Sin embargo, en el baloncesto venezolano, la teoría vuelve a ceder ante la conveniencia procesal. La desempolvada medida cautelar innominada preventiva (Nov 2025), dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas no solo frenó los efectos estatutarios de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB); abrió de par en par un nuevo capítulo en la caja de Pandora de la divisa crepuscular.
La resolución de la juez Anabel González González otorga un amparo cautelar a la firma Columbus Sport 99, C.A., entidad matriz de Guaros de Lara, congelando cláusulas específicas de las actas constitutivas de la SPB de 2022 y 2024. El mandato exige a la liga garantizar la participación ininterrumpida de la franquicia y restituir sus derechos a voz y voto. Un dictamen que en el papel decreta un reintegro inmediato, pero que en la práctica reactiva un dilema ético, legal y operativo de difícil solución.
El precedente internacional y las miradas de la FIBA
Recurrir a la justicia ordinaria para forzar el encaje dentro de un circuito privado no es un experimento inédito, pero sí una maniobra que a nivel internacional se paga cara. Organismos rectorales como la FIFA o la propia FIBA han sentado precedentes categóricos frente a la intromisión de tribunales civiles en asuntos estatutarios, llegando a suspender federaciones enteras —como los casos de Nigeria, Kenia o Pakistán— para preservar la autonomía del deporte.
En este escenario, no resulta descabellado preguntarse cuál será la postura o lectura de la FIBA si el conflicto escala. La jurisprudencia ordinaria pretendiendo tutelar los reglamentos de una liga privada vulnera un principio doctrinal, exponiendo al baloncesto nacional a una peligrosa inestabilidad donde la autoridad deportiva queda supeditada a un fallo judicial.
La memoria penal y la herencia sin sentido común
Destapar esta caja revela que los problemas de la franquicia van mucho más allá de un expediente civil. A finales de 2025, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio curso a una solicitud de extradición activa desde España para el propietario de la divisa, Jorge Alberto Hernández Fernández, por investigaciones penales en curso. La contradicción es palpable: un juzgado mercantil exige abrir las puertas de la liga al equipo, mientras su directiva enfrenta procesos formales ante las autoridades nacionales e internacionales. Al menos eso es lo último que se sabe sobre el tema de su presidente.
Esta coyuntura aunque parezca no tener relación con asuntos internos administrativos, salpica directamente al patrimonio público regional con un ingrediente adicional. El contrato de comodato que rige sobre el Domo Bolivariano de Barquisimeto, dejado por la administración anterior y heredado por el gobierno de Luis Reyes Reyes, sigue causando un profundo ruido por su evidente desigualdad y desequilibrio contractual – un secreto a voces de vieja data-.
Pese a la inactividad de la divisa durante vario años y a la ausencia de su cabeza corporativa, la figura jurídica vigente otorga la administración del recinto a la firma privada. Por ejemplo, para que el estado o un tercero pueda utilizar la instalación, debe negociar las condiciones con la empresa administradora de la franquicia, recibiendo el ente deportivo regional un modesto estimado del 10 % o menos, de lo recaudado (datos no oficiales), eso sin hablar del canon de arrendamiento, el cual posiblemente está por debajo de lo que cancela un estudiante universitario analmente en cualquier residencia de la región. ¿Conviene a la empresa ahondar sobre este tema públicamente?
Comunicado de este viernes 21 de agosto: ¿Un mensaje a García?
Curiosamente, este viernes 21 de agosto de 2026, en medio de esta marejada de resoluciones y reclamos judiciales, la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) y el Ministerio del Deporte emitieron un comunicado oficial donde anuncian la constitución formal de la Liga Superior de Baloncesto Venezolano. En el texto se menciona explícitamente a la SPB como torneo principal y enumera a diez organizaciones participantes, pero se omite por completo cualquier referencia a Guaros de Lara.
Como dicta el refrán popular, no le dicen perro, pero lanzan un hueso. Esta omisión institucional parece enviar una señal directa —un verdadero «mensaje a García»— sobre quiénes están realmente en los planes de la estructura nacional y quiénes pretenden sostenerse únicamente por la vía del litigio.
Para exigir también hay que dar. Una orden judicial puede estamparse en un papel y exigir un cupo en el calendario de la SPB, pero en la alta competencia, un fallo civil no fabrica institucionalidad ni otorga solvencia moral. Para exigir el cumplimiento de derechos dentro del circuito profesional, primero hay que dar garantías de estabilidad, transparencia, respeto a los reglamentos y compromiso real con la disciplina, con la entidad tanto en lo político como en lo social, y con la fanaticada.
El estatus de un equipo no se sostiene únicamente con medidas cautelares ni con comodatos carentes de sentido común; se valida con presencia, gestión y ética sobre el tabloncillo y fuera de el.
La cultura organizacional: el verdadero sostén del éxito
Las organizaciones deportivas verdaderamente grandes no se sostienen únicamente sobre la efímera gloria de un trofeo o la euforia de un campeonato; se cimentan en la solidez de sus procedimientos, la transparencia administrativa y una cultura corporativa ética. Como señalaba el especialista en gestión estratégica Peter Drucker, «la cultura se come a la estrategia para el desayuno», una premisa que cobra especial vigor en la industria del deporte. Nadie puede regatearle a Guaros de Lara el peso histórico de sus conquistas continentales ni la huella imborrable que sus éxitos deportivos dejaron en la memoria del país. Sin embargo, el triunfo en la cancha resulta insostenible si no marcha tomado de la mano con la bondad operacional, la pulcritud institucional y el sentido común. Cuando las victorias del pasado intentan utilizarse como escudo para justificar errores del presente, la estructura se quiebra y la grandeza deportiva corre el riesgo de quedar eclipsada por la sombra de sus propios vicios organizacionales.
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