«Escribir sobre estos temas genera un profundo dolor profesional y humano. Vivimos en una sociedad ya bastante convulsionada, donde la crítica ácida, la burla y la negatividad parecen apoderarse del sentir cotidiano. Por ello, resulta alarmante y delicado que la rectoría del fútbol en Venezuela decida abrirle las puertas a la violencia, otorgando legitimidad institucional a algunos grupos que, por su propia naturaleza y comportamiento, representan la faceta más insana y destructiva de este deporte.» — Luis Alonzo Paz

Por Luis Alonzo Paz | CNP 10.760
Desde el momento en que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la directiva de la Liga FUTVE decidieron publicar un comunicado de «solidaridad automática» hacia una barra organizada de un equipo de la liga local —tras un lamentable hecho de violencia registrado durante su retorno de un compromiso de primera división—, la dirigencia nacional cometió un desacierto institucional de fondo. No solo incurrieron en un apresuramiento al no esperar los resultados de las investigaciones y experticias de los cuerpos de seguridad, sino que brindaron una peligrosísima pátina de legitimidad a agrupaciones que representan la faceta más opaca y oscura del deporte en el país.
Para el entorno del balompié nacional no es un secreto que la consolidación de estos grupos radicalizados ha desplazado progresivamente al espectador tradicional y a la familia de las tribunas. Pese a las retóricas de la nueva dirigencia y a las justificaciones que intentan maquillar la realidad, el principal obstáculo para el crecimiento de la disciplina no radica únicamente en los desórdenes administrativos, los desaciertos dirigenciales o la baja asistencia atribuida a la tradición beisbolera del país; habita en la impunidad con la que operan estos sectores.
La paradoja de la regulación y la responsabilidad privada
Las agrupaciones violentas parecen gozar de una patente de corso en la geografía nacional. Recientemente, el periodista Gerardo Blanco proponía en un análisis titulado «A las barras hay que reglamentarlas» la necesidad de otorgarles personalidad jurídica bajo la figura de organizaciones no gubernamentales, con juntas directivas responsables, censos pormenorizados de sus integrantes y mecanismos formales de financiamiento.
Sin embargo, más allá de los debates sobre su estatus legal, la postura asumida por el ente rector bajo la gestión de Jorge Giménez genera una contradicción estructural: pronunciarse institucionalmente a favor de estos colectivos tras un episodio violento equivale a incorporarlos de facto como socios del ecosistema federativo.
El fútbol profesional, por su naturaleza, es un evento público de carácter privado. Esta condición otorga a los organizadores la potestad legal y logística de aplicar el derecho de admisión y sanear los recintos deportivos. Resulta incomprensible que, en lugar de erradicar un fenómeno que erosiona el espectáculo, la cúpula dirigencial prefiera validar a estos actores.
El deterioro del espectáculo y el distanciamiento de la afición
El impacto de esta dinámica repercute directamente en la percepción del consumidor deportivo. La convivencia con focos de violencia en las adyacencias y dentro de los estadios, sumada al estancamiento en el nivel técnico sobre el césped, ahuyenta al aficionado que busca una alternativa de entretenimiento seguro.
La normalización de la alteración del orden público en el marco de la Liga FUTVE parece haberse integrado al guion de la dirigencia nacional. Mientras se postergan las decisiones de fondo bajo la promesa de proyectos a largo plazo que solo dilatan las gestiones y perpetúan la mediocridad deportiva, el fútbol venezolano continúa cediendo terreno ante el desinterés de las familias y la consolidación de un socio gris que atenta contra la viabilidad del espectáculo.
Los trapos: la publicidad que no se paga y arropa el fútbol venezolano
Mientras los dueños de equipos y los pasillos del balompié nacional repiten con insistencia que la empresa privada muestra un escaso respaldo hacia el fútbol, basta con observar las tribunas para comprender cómo el descontrol de las barras bravas contribuye directamente a ese deterioro comercial. Uno de los detonantes más recurrentes de la violencia en los recintos deportivos del país es el codiciado robo de los denominados «trapos»: grandes lienzos legitimados en los espacios otorgados por la propia FVF y la Liga FUTVE.
Estas agrupaciones de choque —cuyas denominaciones y simbologías suelen girar en torno a conceptos como guerra, conflicto, pelea u odio— exhiben mensajes que revelan su verdadera naturaleza. Lo paradójico radica en el trato diferenciado que reciben: mientras una marca o empresa privada debe desembolsar importantes sumas de dinero para posicionar su imagen en la cancha, la dupla FVF-Liga prefiere ceder enormes espacios visuales a estos trapos, los cuales terminan por opacar por completo el esquema comercial de los patrocinadores oficiales, superándolos incluso en tamaño.
Hasta en esta concesión visual la dirigencia parece apostar al fracaso de su propio torneo, otorgando mayor valor y protagonismo a un trapo que a la valla de un anunciante que sí inyecta capital al ecosistema. Erradicar la influencia de estos grupos no es una tarea imposible; aunque para algunos suene a radicalismo, es momento de que la FVF y la Liga evalúen cómo reordenar su relación con estos «socios» intermitentes, aquellos que aplauden cuando el equipo gana pero se transforman en actores de vandalismo cuando el marcador les es adverso.
«Puede que este tipo de temas muevan fibras y que salgan al paso quienes argumenten que se generaliza, afirmando que no todas las barras son iguales y que en algunas existe gente buena o ajena al conflicto. Sin embargo, la experiencia habla por sí sola: por mucha caridad que intenten mostrar para lavar su imagen, una barra brava es y seguirá siendo el mejor ejemplo de violencia en el fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha.»

