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Buenos Aires, 8 may (EFE).- La huelga nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera de Argentina, promete paralizar este jueves el país en contra de las reformas estructurales que busca implementar el Ejecutivo de Javier Milei.
Durante el paro frenarán las principales actividades económicas a lo largo y ancho del territorio argentino durante 24 horas, aunque sin una gran movilización, como la del pasado 24 de enero, bajo el lema «La patria no se vende» ante el «ajuste brutal» que, denuncian los sindicatos, pretende la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, proyecto estrella del mandatario ultraliberal.
Entre las reformas incluidas en la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados, que ahora espera por su tratamiento en el Senado, se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada «modernización».
Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios son las posibles privatizaciones de empresas públicas, así como la extensión de los períodos de prueba que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley y la modificación de las indemnizaciones por despido.
El Ejecutivo denunció este miércoles, en boca de su portavoz, Manuel Adorni, que casi 6,6 millones de personas se verán afectadas el jueves porque «no tendrán servicio de transporte» y reiteró que «el paro no tiene una justificación aparente», algo ya comentado en la víspera, cuando lo calificó de «político».
Este es el segundo paro general convocado por la CGT desde que asumió el Gobierno de Milei, el pasado 10 de diciembre de 2023, tras el del 24 de enero.
La principal central sindical argentina no convocó ninguno bajo el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el último databa de mayo de 2019, bajo la gestión del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019), quien vivió cinco huelgas globales.
Además de los trabajadores estatales y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se sumaron la Asociación Bancaria, que reúne a los empleados de las entidades financieras; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), que agrupa distintas actividades económicas; y los empleados de comercio bajo la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).
Por tanto, pararán este jueves el transporte colectivo, aerocomercial y de carga, la banca, el comercio (en su mayoría), la educación o la recolección de residuos; mientras que la salud prestará una atención mínima, priorizando cualquier emergencia.
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», afirmó en un comunicado el líder de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
Se espera una jornada intensa de reclamos, aunque por ahora se desconoce si habrá algún corte de accesos a las grandes ciudades, como medida de fuerza. Pese a ello, el Gobierno anunció que pondrá en marcha el protocolo antipiquetes.
«Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes o corten rutas. Puede haber excepciones donde no estemos; si hay una fuerza provincial, bienvenida, pero el protocolo siempre se aplica porque sabemos que la gente siente lo que significa. Es nuestra filosofía», había asegurado días atrás la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. EFE